FRANCISCO MANUEL Espejo / DIARIO CÓRDOBA 05/02/2012
Crisis,
crisis y más crisis, ella tiene la culpa. Que si recortes en sanidad,
que si recortes en educación, que si reducimos los salarios,
privatizamos esto, lo otro- ¿y qué pasa con
el Patrimonio? ¿Acaso no existe? ¿Qué pasa con todos esos castillos,
palacios, iglesias, murallas, etcétera, que viven en la mísera ruina?
Ellos son los que forman parte del programa electoral invisible, aquello
que no se contempla, pero que, sin duda, es aquello que puede generar
una riqueza en su puesta en valor. Allá en el siglo XIX, Mendizábal
primero y Madoz más tarde, llevaron a cabo una de las desamortizaciones
más importantes de la historia con el fin de expropiar aquellos bienes
con cuya venta se pudieran recaudar fondos para el Estado. Con dichas
desamortizaciones se produjo un fuerte debate y lucha con la Iglesia,
pues poseía la mayor parte del patrimonio español, duros enfrentamientos
que duraron hasta bien entrado el siglo XX.
En pleno siglo XXI,
azotados por una crisis generada por la "burbuja" inmobiliaria, es
momento de pensar que el futuro de España no es el ladrillo, sino la
conservación de nuestro patrimonio. Cientos de parroquias, ermitas,
castillos, etcétera, de Castilla, Aragón, Galicia, Andalucía, etcétera,
se están viniendo abajo ante la impotencia de sus vecinos y sus
ayuntamientos, pues no poseen los medios necesarios para restaurarlos.
Es momento de colaboración ciudadana y de las instituciones, en este
caso, de la Iglesia (u otros) y del Estado. Es momento de ser realistas y
prácticos. Si dichas parroquias no se usan porque están deterioradas y
se van a venir abajo ¿por qué no desamortizarlas mediante convenio y
restaurarlas para darle un nuevo uso? Mediante un convenio acordado
entre ambas partes, se podría desamortizar un bien eclesiástico durante
un tiempo prudencial estimado. En dicha transacción el Estado recaudaría
una parte resultado de la operación realizada y, finalizado el
convenio, la Iglesia (u otra institución) recuperaría su patrimonio, en
esta ocasión restaurada. La empresa o propietario adjudicatario se
beneficiaría de la propiedad durante los años acordados, restaurando el
edificio y dándole un nuevo uso, sin desvirtuar su estado original y
siempre que su finalidad fuera acorde con el continente, en este caso,
el edificio. Es el caso de muchas parroquias, palacios, monasterios,
etcétera, que han sido convertidos en hoteles de lujo, salones de
conferencias, cafeterías, zonas de ocio, etcétera, en otros países.
Las ventajas, además de las anteriormente mencionadas, son muchas
otras. Además del fondo que el estado percibiría de dicho convenio, se
daría trabajo al sector de la construcción, esto es, albañiles, peones,
peritos, arquitectos, aparejadores, restauradores, conservadores,
historiadores, fontaneros, electricistas, carpinteros, etcétera, de
forma directa y, de forma indirecta, a todos aquellos proveedores como
empresas de materiales de construcción y de hostelería. Una vez
terminada y consolidada la obra de restauración, los beneficios no
acabarían ahí, sino que irían más allá. El uso que se le daría al
edificio generaría multitud de empleos. En el caso de que un palacio,
por ejemplo, se destinase a un hotel, se daría empleo a camareros,
limpiadores, administrativos, cocineros, pinches, técnicos de
conservación, etcétera, y de forma indirecta a todos aquellos
proveedores que suministrasen productos a la empresa en cuestión.
Por otra parte, daría vida a una zona rural, a un municipio, o a una
barriada de una ciudad, con todo lo que ello conlleva. Toda una cadena
de ventajas que generaría empleo y riqueza, a la vez que se recuperaría
nuestro patrimonio, testigo de nuestra historia, de nuestra memoria como
pueblo.
En nuestra provincia de Córdoba aún hay mucho
patrimonio por el que luchar, en el que invertir. Si nos damos una
vuelta por la provincia, podemos ver la cantidad de edificios nobles,
eclesiásticos y lugares históricos en los que las administraciones
públicas no pueden hacer nada por su recuperación, pues no tienen los
fondos necesarios para invertir en ellos. Edificios vacíos y sin uso. Es
el caso de Fernán Núñez y su Palacio Ducal, una de las construcciones
civiles más importantes de Córdoba, una joya neoclásica de la segunda
mitad del siglo XVIII. Sus dimensiones y su estado lamentable hacen
imposible que su consistorio pueda enfrentarse a su restauración,
estimada en unos tres millones de euros. Con una nueva ley de
"desamortización", por ejemplo, el edificio propuesto saldría a subasta
al mejor postor durante equis años acordados por ambas partes. Ello
supondría la rehabilitación del continente, sin desvirtuar su original y
dándole un uso acorde al mismo, dando riqueza laboral y económica a la
zona. Finalizado el contrato, el municipio recuperaría su edificio
restaurado, sin coste alguno. De desarrollarse esta ley, supondría una
gran fuente de ingresos para el Estado y una buena carta de presentación
para el turismo nacional e internacional y todo ello con la publicidad
más barata: el valor histórico y cultural del monumento como
alojamiento. El patrimonio, señoras y señores, puede ser un gran motor
para regenerar nuestra economía.
Fuente:
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/el-patrimonio-como-motor-de-empleo_694192.html
